17-12-20 Igualdad de género en la vida política
Aprendizaje
esperado: Analiza situaciones de la vida social y política de México
a la luz del derecho a la igualdad.
Énfasis: Valorar
la participación de la mujer mexicana en la toma de decisiones.
¿Qué
vamos a aprender?
Como lo dice
el título, centrarás tu atención en la igualdad de oportunidades que deben de
gozar las mujeres en la vida social y política del país.
Para ello,
analizarás situaciones que han enfrentado y todavía enfrentan las mujeres del
país, a quienes no se les valora, ni se generan las condiciones para su
participación en la toma de decisiones de la vida social y política del país.
Con la
celebración del Día Internacional de la Mujer –merced a la lucha valerosa de un
grupo de trabajadoras textiles que decidieron protestar, el 8 de marzo de 1857,
en Nueva York, por las míseras condiciones laborales, con lo que se convirtió
en una de las primeras manifestaciones para luchar a favor de sus derechos– se
debe insistir la inclusión de la mujer en los espacios políticos, y no obstante
que nuestro país en los últimos años ha tenido avances legales en el tema, aún
persiste la supremacía del hombre.
El entramado
legal nacional e internacional garantiza la igualdad de género, tal como se
expresa en la Carta Magna, en los artículos primero y cuarto, donde quedan
establecidos los principios de no discriminación y de igualdad; de igual
manera, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se plasma con toda
precisión y contundencia las libertades y derechos que tienen todos los seres
humanos.
En el ámbito
de la política fue hasta 2014, con una reforma constitucional, que se garantizó
esa equidad, al precisar en su artículo 41, fracción 1, que los partidos
políticos deben establecer las reglas para garantizar la paridad entre los
géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, lo que dio lugar a
que 50 por ciento fueran para mujeres. Así, la paridad de género es una
garantía constitucional que busca la existencia de la equidad en casi todos los
procesos electorales que se lleven a cabo, y decimos casi porque esto no se dio
en la búsqueda de las candidaturas presidenciales en el seno de los partidos
políticos.
Desde la
reforma constitucional de 1953 que otorgó a las mujeres mexicanas el derecho al
sufragio, se entendió que la mera igualdad formal era insuficiente para lograr
una mayor equidad entre hombres y mujeres en el ámbito político.
En nuestro
país, la reforma constitucional de 1953 que otorgó a las mujeres el derecho al
sufragio constituye uno de los acontecimientos más importantes para buscar la
equidad de género en la vida política. Con el reconocimiento a nivel federal
del derecho de voto a las mujeres, se vivió un gran avance democrático que
generó una situación de igualdad constitucional. Sin embargo, con el tiempo se
hizo evidente que las mujeres siguieron enfrentándose a una serie de obstáculos
que las ponían en desventaja frente a los hombres cuando intentaban participar
activamente en la vida pública del país. Se entendió entonces que la mera
igualdad formal era insuficiente para lograr una mayor equidad entre hombres y
mujeres en el ámbito político y, de esta forma, comenzaron a concebirse
acciones afirmativas para perseguir esa equidad.
En 1993, por ejemplo,
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)
recomendaba que los partidos «promovieran una mayor participación de las
mujeres en la vida política del país». Esta disposición no dejaba de ser una
mera declaración de buena voluntad, pero, a pesar de ello, el hecho de que por
primera vez se buscara abrir el camino a la reivindicación electoral del voto
pasivo de las mujeres en un ordenamiento federal tuvo efectos positivos. Prueba
de lo anterior es que, en la lvi Legislatura, el porcentaje de mujeres pasó del
8% a casi un 14% de participación en la Cámara de Diputados, y del 4% a un 13%
en la Cámara de Senadores. No obstante, por muy diversas causas, el interés por
el voto pasivo de las mujeres fue perdiendo su impulso inicial y no fue sino
hasta 1996 cuando este tema se volvió a situar en el centro de la discusión de
los partidos políticos, a través del establecimiento de cuotas de género. Ese
año se aprobó una reforma en la que se señalaba que, en sus estatutos, los
partidos políticos considerarían que las candidaturas a diputados y senadores
para un mismo género no excedieran el 70% del total.
Más tarde, en
2002, en el apartado B del Artículo 75 del Cofipe, se estableció que las listas
de representación proporcional se integrarían por segmentos de tres
candidaturas y que, en cada uno de los tres segmentos de cada lista, habría una
candidatura de género distinto. Además, en el apartado C del mismo Artículo, se
enunció, por primera vez, un sistema de sanciones para los partidos que no
cumpliesen con el mandato de la ley.
Otra de las
acciones legislativas para favorecer la equidad de género en la vida pública
sucedió en 2008. A partir de ese año, el Cofipe señaló que al menos el 40% de
los candidatos propietarios del total de solicitudes de registro -tanto para
las candidaturas a diputados como a senadores que presenten los partidos
políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral (IFE)- deberían
integrarse con personas de un mismo género, procurando llegar a la paridad.
Asimismo, el Cofipe estableció que las listas de representación proporcional
deberían integrarse por segmentos de cinco candidaturas y que, en cada uno de
los segmentos de cada lista, habría dos candidaturas de género distinto, de
manera alternada.
Las cuotas han
contribuido sensiblemente a obtener una mayor representación descriptiva en los
órganos legislativos federales, pero los cambios no han sido tan evidentes en
el contexto global de la producción legislativa y de la participación de las
mujeres en la vida política. En México, si bien la presencia de las mujeres en
los órganos legislativos aumentó con las cuotas de género, aún existen muchos
ámbitos de la vida pública en los que no existe una verdadera equidad entre
hombres y mujeres. En este sentido, cabe preguntar si sería recomendable
impulsar reformas legales para que la integración de los órganos colegiados de
los organismos electorales federal y estatales se ajuste a una proporción de un
máximo de 60% y un mínimo de 40% de consejeros del mismo género, para que su
conformación sea congruente con la actual cuota en el registro de candidaturas
a cargos de elección popular que establece el Cofipe. También cabe preguntar
cómo es posible que el órgano que vigila el cumplimiento de cuotas o paridad de
género carezca de ello en su integración.
A fin de que
la participación política de las mujeres no sea simplemente descriptiva, sino
que se convierta en una representación sustantiva a través de la cual las
mujeres tengan una mayor participación en la construcción de la agenda política
nacional, además del establecimiento de las cuotas, se han llevado a cabo
acciones que buscan fortalecer el liderazgo político de las mujeres. Una de
ellas es dar financiamiento para apoyar la participación política de este grupo
de la población, ya que ahora el Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales) establece que cada partido político debe destinar anualmente el 2%
de su financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y
desarrollo del liderazgo político de las mujeres [Artículo 78, párrafo 1,
inciso A), fracción v)]. El uso de estos recursos es fiscalizado por la Unidad
correspondiente del INE a partir de los informes anuales de ingresos y egresos
que los partidos políticos presentan al Instituto. Además, los datos que
contienen dichos informes forman parte de los siguientes dos documentos que,
cada año, se ponen a consideración del Consejo General del INE para su
aprobación: a) el Dictamen Consolidado respecto de la Revisión de los Informes
Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales, y b) el
Proyecto de Resolución del Consejo General del IFE sobre las Irregularidades
Encontradas en la Revisión de los Informes Anua- les de Ingresos y Gastos de
los Partidos Políticos Nacionales. Estos documentos, elaborados por la Unidad
de Fiscalización, aportan datos importantes sobre la forma como que se aplican
los recursos destinados a la capacitación, la promoción y el desarrollo del
liderazgo político de las mujeres, y ofrecen también la oportunidad de formular
algunas propuestas que ayudarían a lograr que la finalidad de la reforma del
Artículo 78 se cumpla, ya que, muchas veces, los partidos políticos no aplican
de manera adecuada los recursos destinados al desarrollo del liderazgo de las
mujeres.
Ahora bien,
debe señalarse que el empoderamiento de las mujeres y su liderazgo político
requieren alcanzar todos los niveles de gobierno, tanto de la federación como
de los estados y municipios. En este sentido, dentro del ámbito de las
entidades federativas se han registrado avances importantes en materia de
equidad de género. En la actualidad, la mayoría de las legislaciones
electorales locales establecen que, en la postulación de candidatos a puestos
de elección popular, los partidos políticos y las coaliciones deberán
satisfacer, entre otros requisitos, el de equidad de género. Gran parte de las
legislaturas locales han establecido como tope para un mismo género el 70% del
total; sin embargo, existen entidades vanguardistas, como Chihuahua y Tlaxcala,
en las que se ha llegado a la paridad de género como requisito para el registro
de candidaturas. La legislación de Chihuahua establece una cuota de 50% de
mujeres para las candidaturas de diputados por el principio de re- presentación
proporcional y munícipes, tanto respecto de propietarios como de suplentes. La
misma proporción se encuentra ordenada en la legislación electoral de Tlaxcala,
que también establece una cuota del 50%, tanto en las elecciones de
diputaciones locales como en las de ayuntamientos.
La igualdad de
género es un ideal humano profundamente anhelado que produce enormes beneficios
a la humanidad. Sin embargo, es muy difícil de alcanzar porque implica cambios
en una infinidad de asuntos humanos anclados profundamente en la cultura, en la
organización social y en las subjetividades de las personas. Por este motivo es
que, desde el Estado, se ha promovido la agenda de la igualdad de género
mediante diversas políticas públicas.
Las políticas
públicas más comunes para promover la igualdad de género pasan por la creación
de nuevas leyes que garanticen -entre otras cosas- la igualdad, la no
discriminación y la eliminación de la violencia contra las mujeres. Además se
busca crear estructuras gubernamentales que implementen dichas reformas
legislativas, como ministerios, secretarías o institutos de las mujeres con
mecanismos o enlaces locales distribuidos en distintas regiones y sectores de
los países. Se suelen crear también planes de igualdad, programas y acciones
encaminadas a transformar la realidad cotidiana. Estos modelos también se
aplican, en mayor o menor grado, al interior de instituciones u otro tipo de
organizaciones.
Para la
implementación de políticas públicas de género se requiere de un conocimiento
profundo sobre las formas que adquiere la desigualdad de género en cada
sociedad. Esto implica disponer de gran cantidad de información cuantitativa
-siempre desagregada por sexo- y de investigaciones de carácter cualitativo que
permitan comprender las causas de la desigualdad. Aunque hay tendencias y
fenómenos de carácter general que ocurren prácticamente en todo el mundo -como
la menor participación de las mujeres en los espacios laborales mejor pagados y
de toma de decisiones, la violencia de género o el trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado- cada región o país tiene características propias
generadas por su cultura, su historia, su situación económica, política, social
y religiosa que requieren intervenciones adecuadas a la realidad social que
viven.
Un instrumento
internacional para conocer el estado de los países en materia de igualdad de
género es el «Global Gender Gap Report», publicado anualmente desde 2006 por el
Foro Económico Mundial. Las dimensiones que se utilizan en este reporte son
cuatro: participación económica y oportunidades, educación, salud y poder
político. Cada dimensión contiene una serie de indicadores que permite evaluar
algunos aspectos de la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo.
Las políticas
orientadas a la corresponsabilidad y a la distribución igualitaria de las
tareas de cuidado son un eje fundamental para avanzar hacia sociedades con
mayor igualdad de género. Sin embargo, dichas políticas no son suficientes: son
imprescindibles también las aquellas orientadas a defender derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres. En este sentido, los países nórdicos nuevamente
son un ejemplo a seguir pues, desde hace varias décadas, tienen legalizado el
derecho al aborto.
Las políticas
orientadas a la corresponsabilidad y a la distribución igualitaria de las
tareas de cuidado son un eje fundamental para avanzar hacia sociedades con
mayor igualdad de género. Sin embargo, dichas políticas no son suficientes: son
imprescindibles también las aquellas orientadas a defender derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres. En este sentido, los países nórdicos nuevamente
son un ejemplo a seguir pues, desde hace varias décadas, tienen legalizado el
derecho al aborto.
Para la región
latinoamericana se creó el Observatorio de Igualdad de
Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) que analiza tres grandes
dimensiones: la autonomía física, la autonomía en la toma de decisiones y la
autonomía económica. Cada una de estas dimensiones tiene una serie de
indicadores que permite conocer, por país y en la región, tanto algunos avances
como las desigualdades profundas que continúan imperando en Latinoamérica. Por
ejemplo, Colombia y Perú reportan más de 80 muertes de mujeres ocasionadas por
su pareja o expareja íntima (de acuerdo con el último periodo disponible),
Guatemala y Honduras tienen más de 40% de mujeres sin ingresos propios, frente
al 8.9% y 16.1% de hombres en la misma situación respectivamente. En términos
políticos los países con más de 40% de participación de mujeres electas en los
parlamentos son Andorra, Bolivia, Cuba y Nicaragua.
Algunos países
de Latinoamérica han impulsado leyes y políticas públicas para fortalecer la
autonomía y el reconocimiento de las mujeres y avanzar hacia condiciones de
mayor igualdad. En el libro Políticas públicas para la igualdad de
género: un aporte a la autonomía de las mujeres, publicado por la CEPAL en
2014, se pueden identificar siete políticas, en distintos países
latinoamericanos, que han fortalecido alguno de los objetivos de justicia
redistributiva, de reconocimiento y de representación que plantean las autoras.
Dos de ellas, en Brasil y Uruguay, están orientadas a enfrentar la violencia
dirigida a las mujeres. Otra política catalogada como exitosa en Latinoamérica
es la interrupción legal del embarazo en Colombia. En relación a la autonomía
de las mujeres en la toma de decisiones, destacan dos políticas de paridad
política impulsadas una en Bolivia y otra en Costa Rica. En Chile se analiza
una reforma previsional orientada a disminuir las brechas de pensiones que
tienen las mujeres en relación a las de los hombres. Finalmente, en el caso de
México se analiza el gasto etiquetado para las mujeres que se distribuye en
toda la administración pública federal. Además, en este país, a partir de 2000,
se han creado leyes, estructuras y planes para impulsar la igualdad de género
-como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia- y, sin embargo, México
aparece en el lugar 80 en el «Global Gender Gap Report» de 2014. Además,
algunos de estos avances en materia de igualdad producen resistencias y
retrocesos. Este es el caso de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de
México que trajo aparejado una reacción profundamente conservadora en otros
estados de la República Mexicana que cambiaron sus constituciones locales para
definir la vida desde el momento de la gestación.
Aún quedan
muchos retos por alcanzar y algunos más por plantearse. La reproducción de los
estereotipos de género sigue invadiendo todos los espacios sociales. En las
familias, en las instituciones escolares y en los medios de comunicación se
siguen reproduciendo sin cesar apariencias, modales, emociones, intereses,
espacios y actividades «adecuadas» para las mujeres, por un lado, y los
hombres, por el otro. A pesar de los esfuerzos realizados desde hace décadas en
diversos países del mundo para transformar el núcleo duro de la desigualdad -la
valoración superior de lo masculino sobre lo femenino- y las múltiples formas
que adquiere en la vida cotidiana de las mujeres, los avances son muy modestos,
se producen lentamente y de manera muy heterogénea en las distintas regiones
del planeta.
Para construir
una sociedad en la que el respeto, la tolerancia y la igualdad sean los
pilares, es necesario considerar principios como los siguientes:
- Valorar la dignidad de todas y todos por igual.
- Exigir a las autoridades la creación de condiciones
igualitarias para todas y todos.
- Rechazar todas las formas de discriminación y
negarse a participar en ellas.
El gobierno ha
trabajado en programas, a favor de la igualdad, para garantizar que:
- las niñas ingresen y permanezcan en la escuela con
becas y apoyos económicos.
- las mujeres y hombres reciban el mismo pago por el
mismo trabajo.
- los partidos políticos incluyan a las mujeres entre
sus candidaturas a puestos de elección popular.
Actividad:
Ø
¿Qué articulo establece las reglas para
garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores
federales y locales, lo que dio lugar a que 50 por ciento fueran para mujeres?
Ø
¿Qué estados han establecido la paridad de
género como requisito para el registro de candidaturas?
Ø
¿Cuál es la ley que se creó en México para
impulsar la igualdad de género?
Ø
Menciona 4 nombres de mujeres que ocupen un
cargo público.
Ø
¿Qué piensas de la participación de las mujeres
en la política?
